Asamblea
[ 10 julio, 2016 by cristinareyes 0 Comments ]

7 mil educadores comunitarios a la espera de que el Ministerio de Educación reconozca sus derechos

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores ha conocido en dos sesiones la situación de la Asociación de Educadores Comunitarios de la Provincia de Tungurahua, quienes tras más de 30 años de venir ejerciendo sus funciones amparadas en leyes vigentes, reclaman del Ministerio de Educación, en calidad de patrono, el reconocimiento del derecho de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Fundamentan su reclamo en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del 30 de mayo del 2013, que en la parte pertinente dice “…en consecuencia, y conforme el Art. 17 de la Ley de Casación, se acepta parcialmente la demanda, únicamente en la parte que se reconoce el derecho de los accionantes, que no hayan desistido de la acción, para que se les afilie al IESS, por parte del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, afiliación que se hará por el tiempo de servicio que corresponda en cada caso y que liquidará la propia institución de Seguridad Social…”

De esta sentencia interpuso acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, el Ministro de Educación Augusto Espinoza Andrade. La Corte Constitucional expidió la sentencia No. 029-16-SEP-CC, del 27 de enero del 2016, publicada en el Registro Oficial No. 725- segundo suplemento del 4 de abril del mismo año, en la que declara que no existe vulneración de derechos constitucionales y niega la acción extraordinaria de protección planteada.

Este proceso se judicializó por parte de los educadores comunitarios de la provincia de Manabí, a los cuales el Ministerio ha manifestado su voluntad de hacer efectiva la sentencia de la Corte Nacional; sin embargo, al encontrarse en idénticas situaciones 7 mil educadoras comunitarias, exhortamos a que la Secretaria de Estado considere esta sentencia como antecedente para resarcir los derechos laborales adquiridos de todos los educadores comunitarios; pues es obligación del Ministerio, como empleador, la afiliación a la seguridad social para sus trabajadores.

Cristina Reyes, como miembro de la Comisión de los Trabajadores, rechazó la posición del delegado del Ministro, Doctor Jorge Fabara, Coordinador de Asesoría Jurídica, y criticó el hecho de que se tenga que judicializar caso por caso para llegar a una solución.  Este pronunciamiento constituye una ofensa a la situación por la que atraviesan los educadores comunitarios del país, y no es pretexto de que el problema se haya generado por legislación de gobiernos anteriores.

La sentencia de la Corte es del 2013 y a pesar de haber transcurrido tres años, este Gobierno se muestra indolente ante esta problemática.

Reyes finalmente recordó que la falta afiliación a la Seguridad Social, por parte del empleador a sus trabajadores,es sancionada con pena privativa de libertad tipificada en el  Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuente: Despacho Asambleísta Cristina Reyes.